A- de 2022

Conflicto de jurisdicción entre la Fiscalía 34 Local de Sibundoy (Putumayo) y el Cabildo Indígena Inga del municipio de Santiago (Putumayo).

La controversia entre las precitadas autoridades tuvo su origen en una denuncia que interpuso un ciudadano en contra de varios indígenas, por la comisión de los delitos de violación de habitación ajena y hurto calificado.

Este asunto fue asignado a la mencionada Fiscalía y de manera posterior se solicitó la remisión del mismo al Cabildo, toda vez que los hechos objeto de investigación ocurrieron en su ámbito territorial y uno de los indiciados participó siendo su representante legal y, por tanto, estos debían ser investigados, juzgados y sancionados por las autoridades indígenas.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Corte consideró que no se acreditó el primero, en la medida en que una de las partes en contienda es un fiscal delegado y es un conflicto entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena y, por tanto no se cumplen las exigencias establecidas por la Sala Plena de la Corporación para que, de forma excepcional, un fiscal delegado promueva directamente un conflicto entre jurisdicciones.

En este aspecto precisó que, tratándose de un conflicto para adelantar una indagación o investigación penal en el que una de las partes en contienda sea un fiscal delegado, y este no esté ejerciendo funciones jurisdiccionales, el presupuesto subjetivo se configura únicamente cuando el conflicto se suscite entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción penal militar10 se trate de hechos en los que pueden existir graves violaciones de Derechos Humanos, tales como masacres o ejecuciones extrajudiciales.

En los conflictos que se susciten entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena para conocer de una indagación o investigación penal, le corresponde al fiscal correspondiente solicitar al juzgado competente, esto es, el de conocimiento o de control de garantías, la realización de una audiencia innominada para que sea esta autoridad judicial la que defina si se está o no ante un conflicto.

Con base en lo anterior, la Sala Plena se INHIBIÓ de emitir pronunciamiento y ordenó remitir el expediente a la Fiscalía 34 Local de Sibundoy para que, si lo considera pertinente, proceda a solicitar la correspondiente audiencia que permita promover en debida forma el conflicto entre jurisdicciones y para que comunique la decisión a los interesados y al Cabildo Indígena involucrado.